Camila Mayán y Alexis Mac Allister parecían tenerlo todo: juventud, éxito y una relación sólida que comenzó en la adolescencia y sobrevivió a los altibajos de la fama. Pero después del Mundial de Qatar 2022, la pareja anunció una repentina separación, y, unos meses después, la situación dio un giro cuando Mayán decidió contar detalles de la separación. En medio de rumores y declaraciones cruzadas, se supo que la influencer solicitó una compensación económica a su ex pareja. Este pedido, abre un tema espinoso y complejo sobre los derechos de las mujeres en el ámbito económico, especialmente en el contexto de las relaciones de pareja. ¿Es este pedido un derecho justo para quienes han invertido su tiempo y su trabajo en una relación? ¿O no?

En Argentina, el Código Civil y Comercial regula el derecho a la compensación económica desde 2015, protegiendo a las personas que, al final de una relación, se encuentran en una situación de desigualdad en comparación con sus ex parejas. Este derecho no solo protege a quienes estuvieron casados; también ampara a quienes han convivido sin matrimonio formal, como es el caso de Mayán y de Mac Allister. La abogada Andrea Liquin, especializada en temas de violencia económica y género, explica que la compensación económica es una herramienta legal fundamental para que las mujeres no queden en una situación de vulnerabilidad tras una ruptura. En particular, subraya que este derecho busca dar visibilidad y valor al trabajo no remunerado, a las tareas de cuidado y al apoyo emocional y profesional que muchas mujeres brindan a sus parejas.

Liquin sostiene que aunque la ley está vigente, su aplicación no siempre es sencilla. En los tribunales argentinos, la compensación económica sigue siendo un terreno difícil de transitar. La abogada afirma que aún existe una resistencia en el sistema judicial a reconocer el valor de las tareas domésticas y de cuidado. “La Justicia muchas veces sigue viendo a la mujer como una ‘ayudante’, y no reconoce el aporte real que ha hecho al bienestar económico y emocional de la familia”, comenta Liquin, quien también menciona que los prejuicios sobre los roles de género siguen influyendo en los fallos judiciales. Esta falta de permeabilidad de la Justicia es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan mujeres como Mayán: deben no solo probar su aporte, sino hacerlo en un sistema que minimiza el valor económico de esas contribuciones.

Este problema se agrava aún más en contextos locales como Tucumán, donde la mediación es obligatoria en casos de alimentos, lo que genera una pérdida de tiempo considerable para las mujeres, ya que muchas veces los hombres no se presentan a las citas. Además, la abogada menciona que en la provincia no es muy común que las mujeres hagan el pedido de la compensación económica por desconocimiento de este derecho.

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Carolina Cantore, abogada en casos como el de Dolores Echeverría, miembro de la Fundación Una Puerta, y especialista en temas de familia y género, describe la compensación económica como un derecho que debe solicitarse dentro de los seis meses posteriores a la ruptura y que exige una serie de pruebas para demostrar el desequilibrio económico resultante. Para que la Justicia otorgue esta compensación, la mujer debe demostrar que, tras la ruptura, su situación económica es desfavorable en comparación con la de su ex pareja. Además, debe probar que su contribución fue significativa, lo que se traduce en evidencia de tareas de cuidado, sacrificios profesionales y aportes de bienes propios. Cantore explica que estas pruebas son difíciles de documentar y, en muchos casos, invisibles. “El sistema judicial pide pruebas como si las tareas de cuidado y apoyo fueran un sueldo que se recibe a fin de mes, pero esto no es así. Es un trabajo constante y silencioso, difícil de demostrar en términos legales”, sostiene.

Desprotección

Los derechos de las mujeres en uniones convivenciales están aún menos protegidos que en el matrimonio. Las parejas convivientes, como Mayán y Mac Allister, no cuentan con un régimen patrimonial común, lo que significa que, al finalizar la relación, no existe ninguna obligación automática de compartir bienes. Esto coloca a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, pues en la práctica no tienen derechos económicos reconocidos a menos que puedan demostrar su aporte. Para Andrea Liquin, el reconocimiento de la compensación económica en estos casos es fundamental. “La compensación económica es la única herramienta que tiene la mujer para reclamar lo que le corresponde después de años de dedicación, especialmente en las uniones convivenciales donde el sistema no protege su derecho a un patrimonio compartido”.

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En un contexto donde el trabajo de cuidado sigue siendo invisible, el reconocimiento de este derecho significa dar valor a un aporte que, aunque intangible, permite el desarrollo de la pareja y, en muchos casos, de toda una familia.